Perú: Avanza el Lobby Pro Transgénicos

por David Roca Basadre

La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) denuncia en un comunicado que se está entregando la responsabilidad de importantes sectores del Estado vinculados al agro a feroces defensores de los transgénicos, lo que formalmente no es un delito pero en la práctica debe conducir, como es obvio, al bloqueo o boicot de la ley de moratoria para el ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM).

Si el gobierno dice que esa no es su intención, entonces ¿Por qué se entrega el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) al biólogo Alberto Maurer Fossa, conocido por su militancia pro transgénicos? ¿Por qué nombra asesor técnico del INIA al ingeniero Enrique Fernández Northcote, afín también a los transgénicos? ¿Por qué encarga al biólogo Luis Julio César de Stefano Beltrán, militante pro transgénicos, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico Agrario de la INIA?

No solo es esto. El gobierno mantiene como jefe del Instituto Nacional de Salud al médico Ernesto Bustamante Donayre, también activo activista en favor de los transgénicos, en un área clave para identificar posibles afectaciones a la salud por el uso de transgénicos.

Todos estos personajes tienen en común su membresía en una ONG denominada PeruBiotec, que desde hace años brega por la incorporación de la biotecnología en el seno de nuestra biodiversidad.

Esta embestida humalista contra la biodiversidad que juro defender, y con tales aliados, no es nueva en años recientes. Ya en tiempos del inefable García Perez en 2011, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental denunciaba, que se había “propuesto modificaciones a las normas de propiedad intelectual, con posiciones muy cuestionables (…) en foros internacionales” y denunciaba a grupos de interés que pugnaban porque la agricultura peruana se infestara de transgénicos. Y lo más grave, señalaba que las normas que apoyaban estos procesos, aprobadas en el Congreso, estaban enfocadas a favorecer aspectos comerciales y no al interés del país.

Pero lo de ahora es peor que un proyecto de ley que mitigue o cancele la ley de moratoria, porque al menos esa intención es abierta – hay un proyecto de ley fujimorista en tal sentido –y da argumentos para una lucha frontal que impida entregar el país a Monsanto y otras empresas similares. Decimos que es peor pues al ubicar en puestos vitales a militantes pro transgénicos se hace exactamente lo mismo pero de manera hipócrita, asolapada. Es claro lo que pretende el ministro Benites, aunque jamás lo dirá en voz alta y más bien niega que boicotear la norma vigente sea su objetivo.

La ONG PeruBiotec pareciera una especie de Opus Dei de los transgénicos. Porque no solo tiene miembros – ¿o diremos activistas?- de su organización en puestos tan claves como los que mencionamos, sino que en un organismo tan importante como el Centro Internacional de la Papa (CIP) trabajan al menos cuatro de sus miembros, tiene fuerte presencia en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), así como está presente en universidades como la Agraria de La Molina, Ricardo Palma, San Martin de Porras, o Villarreal.

Nada ilegal obviamente, pero si un indicador de un trabajo lento, silencioso, coordinado y de lobby eficaz que tiene metas claras y que –todo pareciera indicarlo- constituye una seria avanzada hacia la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) que ya se avecina, y con cuyas propuestas de ultra libre mercado –secretas hasta ahora- colisionara la ley de moratoria. Ello no solo por lo que se refiere a la protección de intereses de propiedad de los proveedores de semillas, sino también para el libre tránsito de productos que no podrían tener las restricciones que hasta ahora –y a pesar de los “mandamientos del TLC”-aún se mantienen.

Estados Unidos quiere imponer normas internas que posibiliten la difusión de transgénicos en un país donde las grandes empresas comercializadoras de alimentos tienen un enorme poder y que, obviamente, aportan agentes a las mesas de negociaciones de ese tratado.

Según el observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en los Estados Unidos el 65% de los alimentos que se consumen son genéticamente modificados. Y teniendo ese país un gasto per cápita en salud que duplica a otros países ricos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como el último en ese rubro entre tales países.

Todo paree claro, entonces. La denuncia de CONVEAGRO no solo es justificada sino que señala  bien hacia dónde vamos y hasta qué niveles de dependencia nos puede llevar la política que nos agobia desde hace veinticinco años.

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Acerca de Ana Maria Quispe

dietista, ecologa, defensora de derechos humanos, pacifista
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